Los presidentes de Galicia y de Asturias, Alfonso Rueda, del PP, y Adrián Barbón, del PSOE, volvieron a escenificar la hermandad de ambos territorios para hacer valer las demandas comunes del noroeste y poner encima de la mesa sus grandes retos. Fue en la séptima edición de los Encuentros en el Eo, el foro anual que promueven La Voz de Galicia y La Voz de Asturias, ambos de la Corporación Voz. A la cita, en esta ocasión en el Hotel Reconquista de Oviedo y apoyada nuevamente por el Banco Sabadell, acudieron representantes políticos, empresariales y sociales de Galicia y Asturias. Sobre la mesa, varios debates. Uno acuciante: la doble cara del envejecimiento, por su elevado gasto social por la pérdida de habitantes. Ambos mandatarios coincidieron en el papel trascendental de la reindustrialización como palanca para fijar habitantes.

La conversación estuvo moderada por los directores de La Voz de Galicia, Xosé Luís Vilela, y La Voz de Asturias, Luis Fernández. Y en ella Alfonso Rueda recordó que los estímulos fiscales «son necesarios, pero no suficientes» para atraer población, y aprovechó para reivindicar proyectos de reindustrialización como el de Altri. «Galicia no se puede permitir el lujo de renunciar a la creación de empresas que cumplen con las normas», insistió el máximo mandatario gallego.

Por su parte, Adrián Barbón reconoció que Asturias se ha inspirado en la política gallega de retornados —permitió el regreso de 30.000 personas, según cifró el presidente de la Xunta—, y puso en valor las medidas fiscales a la natalidad (2.000 euros al año para una familia de dos hijos, las más altas del mapa autonómico) impulsadas desde el Principado. Y en línea con lo defendido por el jefe del Ejecutivo gallego, apostó por la innovación en materia industrial. «Galicia y Asturias —dijo— están liderando las inversiones y empleo tecnológico, quién nos lo iban a decir: hemos pasado de tener dos centros a 16».

Barones del PSOE y del PP en sus territorios, destacaron la importancia de la calidad de los servicios públicos para poder atraer población, sobre todo en el medio rural (Galicia y Asturias tienen gratuidad en las escuelas infantiles de cero a tres años), y Rueda también puso el foco en la seguridad jurídica, indispensables para evitar un efecto disuasorio en los inversores.

«Hay enormes potencialidades industriales en ambos territorios y nosotros aprendimos de Galicia en todo lo que tiene que ver con la declaración de proyectos estratégicos. Es necesario priorizar. Está el caso de nuestra política naval: tres de cada cinco barcos son asturianos. Y quiero añadir otra cosa: soy un defensor a ultranza de la estrategia europea de defensa», reveló el presidente del Principado. Cómo poner freno a la despoblación y al abandono del territorio, dos de los grandes retos de Galicia y Asturias, ha sido una de las constantes en las siete ediciones de los Encuentros del Eo.

Las mejores imágenes de los Encuentros en el Eo

Vídeo completo: Encuentros en el Eo

El presidente de La Voz reivindica la pujanza de Galicia y Asturias

Una financiación que permita sostener y mejorar servicios
Un año más, el futuro de la financiación autonómica, en el que las comunidades se juegan la sostenibilidad y mejora de los servicios públicos, centró una buena parte del foro. Tanto Galicia como Asturias apelan conjuntamente a los principios de la Declaración de Santiago, firmada en el 2021 por ocho comunidades autónomas y en las que se reclama al Estado un modelo que pondere mejor la asignación de recursos para atender el sobreenvejecimiento, la dispersión, la orografía y la despoblación. «Tenemos que ir a un sistema que refleje el coste efectivo de la prestación de servicios», advirtió el máximo mandatario gallego.

La tesis de Alfonso Rueda la secundaba a continuación el socialista Adrián Barbón, quien recordó que esto no es un combate ideológico, sino una defensa «de los territorios y sus necesidades». «A la infrafinanciación para prestar servicios —apuntó el presidente del Principado— añadiría un aspecto importante, y es que el nuevo modelo tiene que aumentar los recursos de la tarta, porque unas comunidades no pueden perder en detrimento de las otras».

El presidente gallego volvió a recordar que, con el modelo vigente, Galicia tiene un déficit de unos 600 millones de euros para atender los servicios públicos fundamentales, en los que se engloba la sanidad, la educación y los servicios sociales. Un desequilibrio que Barbón cifró para la comunidad asturiana en algo mas de 200 millones de euros.

Coincidían uno y otro en la necesidad de reformar el modelo de financiación en un foro multilateral —el Consejo de Política Fiscal y Financiera— y de hacerlo en base a los criterios de tener en cuenta el coste del sobreenvejecimiento. Pero Alfonso Rueda, del PP, y Adrián Barbón, del PSOE, sí mostraron abiertamente sus discrepancias sobre la quita de la deuda, algo más de 4.000 millones de euros para Galicia, y 1.500 millones en el caso de Asturias.

«Lo que va a la quita no va a ir a la financiación, porque es un modo de mutualizar la deuda, que pasa al Estado; no debemos olvidar que hay comunidades autónomas que están muy endeudadas», insistió Rueda, que volvió a recordar que esto no era una prioridad y se ha colado en la agenda por intereses políticos, desplazando lo más relevante, que es hablar de la reforma del modelo. «Con esta quita, a cada gallego se nos mete 200 euros más de deuda per cápita; supone un ahorro de unos 35 millones al año en intereses, pero es una cantidad que no podemos invertir como queremos», insistió el máximo mandatario gallego.

Barbón, por su parte, recordó que la condonación de la deuda y la reforma del modelo de financiación autonómica son dos cosas separadas. «Nosotros vamos a volver a los niveles de deuda que teníamos precrisis», expuso el presidente del Principado de Asturias, quien mostró su disconformidad con la Xunta y las comunidades del PP por haber abandonado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Lo correcto hubiese sido quedarse y votar en contra», valoró Barbón.

Los presidentes piden más recursos para la dependencia y abogan por la vivienda pública
Alfonso Rueda y Adrián Barbón abordaron dos de los grandes problemas de sus comunidades, pero también de toda España: el acceso a la vivienda y la atención a la dependencia y los servicios sociales. Con algunas discrepancias, compartieron ambos, popular y socialista, el diagnóstico y la solución principal: más vivienda pública y una financiación justa para la dependencia y el sobreenvejecimiento.

La vivienda, afirmó Barbón, es «el gran problema». Rueda añadió que en las encuestas aparece como la «principal» dificultad para los ciudadanos y «seguirá siéndolo» si no se aborda con soluciones claras. Los dos coincidieron en parte de los remedios a aplicar: promoción pública de pisos, colaboración público-privada y ayudas fiscales al alquiler. Pero discreparon en asuntos como el impacto de la okupación, los pisos turísticos o las zonas tensionadas.

Barbón recordó que Asturias tiene «en proporción» el mayor parque público de pisos del país. Lo atribuyó a que el Principado cuenta con una empresa pública de vivienda, Vipasa, desde hace años. La Xunta activó la suya en enero y ya ha empezado a licitar obras, apostilló Rueda.

El presidente asturiano explicó que se ha aumentado un 60 % en el presupuesto, hasta 165 millones, para construir mil viviendas públicas. Alfonso Rueda consideró que la principal solución es «hacer vivienda», recordó que el presupuesto este año se ha triplicado y mantuvo el compromiso de construir 4.000 viviendas públicas en cuatro años: «Ya tenemos 1.800 en marcha».

El presidente de Galicia planteó «estimular la colaboración público-privada» para acelerar la construcción. Su previsión es que esa vía permitirá levantar otros 25.000 pisos en seis años.

Rueda apuntó a otros problemas como la okupación, «un problema en el que hay que actuar», porque lleva a los propietarios a sacar sus viviendas del mercado del alquiler. Se refirió además a algunos eslóganes de las recientes manifestaciones del fin de semana, y advirtió que «no hacen ningún favor» las «llamadas a no pagar el alquiler» o a quedarse en el piso cuando finalice el contrato.

Barbón, sin embargo, restó importancia al problema de la okupación y apeló a «datos oficiales» que indican una «incidencia mínima» en las dos comunidades.

No fue la única diferencia en materia de vivienda. Los dos presidentes coincidieron en la obligación de aplicar la nueva ley, pero Rueda subrayó que el texto «no gusta» a la Xunta. Consideró que las zonas tensionadas, que por ahora solo ha solicitado el Ayuntamiento de A Coruña para algunos de sus barrios, pueden reducir el número de pisos en alquiler. Pese a ello, subrayó que las declararán en los ayuntamientos que las soliciten si cumplen los requisitos.

Barbón anunció que «en unos meses» se declararán zonas tensionadas en distintos concejos de Asturias —en Galicia solo lo ha solicitado uno, A Coruña—, aunque algunos intentaron echarse atrás después de iniciar los trámites. Afirmó que tiene «ganas de ver» el impacto que tiene en los precios.

Los dos presidentes también debatieron sobre los pisos turísticos. El presidente asturiano dijo que «sacan vivienda del mercado y causan problemas a otros vecinos». Rueda consideró que la proliferación de ese negocio es «una consecuencia» de la falta de seguridad del arrendamiento tradicional, y se mostró seguro de que ese mercado repuntaría si se diese seguridad a los propietarios.

Cuando el foro giró hacia la gestión de la dependencia, pilar del estado de bienestar, las coincidencias volvieron a ser mayoría. Barbón se centró en la financiación de esos servicios y criticó que el Estado «no está computando el sobreenvejecimiento». Recordó que ese concepto se introdujo en la Declaración de Santiago, la propuesta de financiación firmada en el 2021 por Galicia, Asturias y otras seis comunidades. La clave, subrayó, es que «no es lo mismo la atención médica y social a los 65 años que a los 85». Reclamó además que el Estado financie el 50 % de los servicios, tal y como marca la ley.

Ese es uno de los caballos de batalla de la Xunta, que exige al Gobierno una deuda de 2.500 millones de euros por la dependencia. Rueda señaló que, en lugar de aportar el 50 % que dice la ley, el Estado entrega «el 36 % o 37 %», lo que obliga a la Xunta a un esfuerzo de «sobrefinanciación» con recursos de otras áreas.

El titular del Gobierno gallego recordó además el plan para agilizar las valoraciones de dependencia, con el que se prevé rebajar los plazos a los seis meses previstos en la normativa legal. «Creo que vamos a conseguirlo», afirmó. La Xunta ha hecho 23.000 valoraciones en los últimos tres meses, según los últimos datos.

Además, destacó Rueda que la autonomía aporta 14 euros por hora a los ayuntamientos para la atención a domicilio, pero advirtió que «en solitario no vamos a poder» seguir aumentando esa cifra, es necesario que «el Estado nos transfiera su parte».

Barbón también detalló medidas en esa línea, como el «gran acuerdo» alcanzado recientemente por el que el Principado aportará 272 millones de financiación a los ayuntamientos hasta el 2027. Pero, como su homólogo gallego, insistió en que el Estado debe implicarse con más fondos.